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Justicia "pro tempore"

Unos días antes de "rendir cuentas" sobre el trabajo realizado en el año 2016 frente a un auditorio en el que destacaba el círculo diplomático local, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, fue protagonista principal en uno de esos eventos que tanto le gustan: una reunión del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, donde fue distinguido con el cargo de "presidente pro-tempore".

No tengo idea qué es, ni a qué se dedica el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, ni qué significa exactamente ser "presidente pro-tempore" o si implicará aún más viajes para el magistrado viajero; pero lo que sí tengo muy claro es que la nueva designación del magistrado presidente en nada mejorará la calidad de la justicia panameña. Antes que él, presidieron el organismo regional Nicaragua y Honduras, dos países fuertemente cuestionados en materia judicial.

Lo cierto es que el magistrado Ayú Prado es un habitué en el mundillo social local; cosas de ver y ser visto. Todo lo contrario de lo que sucede con las reuniones del Consejo Judicial de Panamá o de la Comisión de Estado por la Justicia. Por allí no suele pasar, a pesar de la larga lista de tareas pendientes.

Por ello, que don José rinda un informe sobre la gestión del Órgano del Estado que preside tiene su importancia. Sobre todo porque el evento se produjo sólo unos días después de que dirigentes de la Alianza Ciudadana Pro Justicia lo denunciaran, junto con sus compañeros magistrados, Luis Ramón Fábrega y Hernán De León, ante la Asamblea Nacional.

El magistrado asegura que no ha visto aún la denuncia. Por lo visto, no le queda tiempo para la actualidad noticiosa o para analizar las críticas a su gestión, porque según sus palabras, tampoco vio las declaraciones del hoy caído en desgracia, Ramón Fonseca Mora, sobre los pormenores que le permitieron reelegirse como presidente de la Corte.

Volviendo a la denuncia, que yo sí he leído, la cosa es grave: se les acusa de violar la Constitución y la Ley de Carrera Judicial, en el proceso de nombramiento de unos 600 funcionarios judiciales. Nada menos.

Sin embargo, no nos engañemos. A pesar de la gravedad de las acusaciones, que incluyen los delitos de infracción de deberes de los servidores públicos, usurpación de funciones y obstrucción del funcionamiento de un Órgano del Estado, es más que seguro que los señores diputados le darán un carpetazo a la denuncia sin mayor trámite. Cuestión de quid pro quo.

El asunto es muy grave, aunque la mayoría de los panameños sigamos en Babia. Se trata de la independencia judicial, esa herramienta esencial para poder administrar justicia sin interferencia ni presiones. Algo que es imposible garantizar si el juez o magistrado en cuestión, así como los funcionarios que hacen posible el trabajo de los despachos judiciales, han sido nombrados de forma interina y sin la protección de la Carrera Judicial.

Es como el abuso de la detención preventiva por parte de los fiscales. Por años, los miembros de la Alianza Ciudadana Pro Justicia combatieron esta práctica e impulsaron la aplicación del Sistema Penal Acusatorio que impide que los fiscales tomen esa decisión en solitario. Casi nadie escuchó y el Gobierno pasado detuvo la aplicación del nuevo sistema. Bueno, ahora, algunos han descubierto el abuso de la detención preventiva, porque lo están sufriendo en carne propia. Como dice el refrán, nadie experimenta en cabeza ajena.

El tema de la justicia panameña tiene tantos recovecos, que me pierdo. Así que vuelvo al magistrado presidente, la denuncia en su contra, su informe de gestión y la carrera judicial en el limbo. Según sus palabras, todo se trata de un problema crematístico.

"No hay presupuesto" repite sin cesar don José, como si de un mantra se tratara y, por supuesto, también lo dijo durante su rendición de cuentas. Eso sí, el reclamo fue hecho al mismo tiempo que agradecía al ministro de Economía, Dulcidio De La Guardia por su apoyo. ¡La cuadratura del círculo, al estilo Ayú Prado!

Según detalla la denuncia, sólo se requerían un poco menos de 200 mil dólares anuales para iniciar el proceso de implementación de la Carrera Judicial, lo que incluía la creación de la Secretaría de Recursos Humanos (50,550 dólares anuales); la Dirección de Selección ( 30,550 dólares anuales) y el Centro de Valoración por Competencia (109,650 dólares anuales).

Los jueces, magistrados y personal designado de a dedo están cobrando su salario, al igual que lo harían de haber ganado su cargo por concurso. Por eso no acabo de entender lo de los $10 millones que los magistrados alegan necesitar para implementar la carrera.

Tras lo sucedido, una cosa queda clara: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son los jefes directos de todos esos funcionarios nombrados al margen de la Carrera Judicial. Incluso algunos salieron de los despachos de los propios magistrados. ¡Una bofetada a la independencia!

No soy optimista sobre el futuro de la denuncia; ya lo dije. Sin embargo, tengo una esperanza. Así como cada domingo leemos en La Estrella de Panamá esos magníficos artículos históricos que develan, entre muchos temas, las interioridades de la lucha de poder durante los primeros años de la República, espero que algún día se escriban las crónicas del Órgano Judicial en tiempos del magistrado presidente, José Ayú Prado. Seguramente habrá viajes, eventos sociales y presidentes pro tempore.