Contraloría: Asamblea Nacional no permitió iniciar auditoría forense a planilla 080

Un grupo de auditores de la Contraloría General de la República llegó la mañana de este miércoles a las instalaciones de la Asamblea Nacional, con el objetivo de realizar una auditoría forense relacionada con supuestas irregularidades en la ejecución de recursos asignados a la planilla 080, que mantiene 3,508 funcionarios bajo el objeto de gasto de "otros servicios personales".

Sin embargo la auditoría no pudo ser iniciada debido a que la Asamblea Nacional no lo permitió, ante lo cual la Contraloría indicó que "usará las acciones legales necesarias para fiscalizar el manejo de estos fondos públicos".

"El artículo 280 de la Constitución de la República concede la potestad a la Contraloría General de la República de fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de fondos de bienes públicos", indicó la Contraloría en un comunicado.

La diligencia había sido ordenada por el Contralor a la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditorías Forenses, tras culminada una revisión realizada por la Dirección de Fiscalización General de esa entidad, la cual puso de manifiesto ineficiencias de controles internos elementales e inseguridad en la existencia de la contraprestación de un servicio real y efectivo a favor del Estado y que evidencia la posibilidad de que se hayan cometido acontecimientos punibles.

El objetivo era determinar la corrección o incorrección en los recursos asignados al financiamientos del objeto de gasto "gratificaciones, incentivos, y otros servicios personales" de esa planilla, así como reunir los elementos de juicio que esclarezca los hechos, pudiendo recibir testimonios, designar peritos, realizar inspecciones y llevar a cabo cualquiera otra prueba instituida por ley.

Cabe señalar, que la diputada y presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, informó el martes 15 de mayo que fueron notificados sobre esta diligencia, sin embargo denunció que la Contraloría General no les ha informado sobre los resultados de la "auditoría concomitante" iniciada el pasado 4 de marzo, ni se les ha permitido el derecho a descargos.

Además denunció que esa entidad está siendo objeto de ataques y presiones por parte del Órgano Ejecutivo.

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