Vizcarra nombra comisión para reforma judicial por escándalo de audios en Perú

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, instalará este jueves una comisión de "honorables" que preparará en apenas dos semanas una propuesta de reforma judicial, a raíz del escándalo de unos audios de jueces ofreciendo rebajas de penas o fijando tarifas por servicios turbios.

"Conformaré de manera inmediata la comisión de reforma del Poder Judicial para la que se convocará a un equipo de honorables expertos en la materia, reconocidos no solo por su trayectoria profesional, sino por su ética", dijo Vizcarra este jueves en una visita a la ciudad norteña de Bagua.

La propuesta que prepare la comisión será anunciada por Vizcarra el 28 de julio, en un mensaje al país que pronunciará en el Congreso con motivo del día nacional de Perú.

La fiscalía y el poder judicial abrieron el lunes investigaciones por supuesto tráfico de influencias por estos audios, que comenzaron a ser difundidos el fin de semana por el portal de periodismo de investigación IDL-Reporteros.

En ellos hablan jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el órgano encargado de designar a los magistrados peruanos.

En una nueva grabación difundida este miércoles por un canal de televisión se escucha al presidente de la Corte Superior (de apelaciones) del Callao, Walter Ríos, pedir una suma de dinero.

"Estoy pensando en 10 verdecitos. Proponle, pero como garantía, yo le doy mi palabra (...). Si no sale, se lo devuelvo", dice el magistrado aludiendo aparentemente a un monto en dólares.

Los audios revelan "no solo el enorme grado de inmoralidad con que actúan quienes están llamados a impartir justicia, sino la existencia de mecanismos, de vicios, que pervierten la administración judicial que deben ser erradicados", subrayó Vizcarra el miércoles.

En otro audio se escucha al juez César Hinostroza, de la Corte Suprema, hablar sobre un proceso por la violación de una niña de 11 años: "¿Pero está desflorada? (...) ¿Qué es lo que quieren, que le bajen la pena o que lo declaren inocente?".

Hinostroza fue removido el martes de la sala de la corte que presidía y trasladado a otra, e inició vacaciones por 30 días.

La propuesta que prepare la comisión deberá ser revisada y debatida por el Congreso, baluarte del partido Fuerza Popular (derecha populista), que lidera Keiko Fujimori.

El Congreso no parece tener ánimo para aprobar esta propuesta sin pasar a la prensa por el tamiz escrutador. Los fujimoristas tienen entre ceja y ceja a un sector de ella y sus críticas hacia estos medios se profundizaron tras la difusión de los audios.

En otro audio, el juez Hinostroza habla de una reunión con una misteriosa "Señora K". Los medios y políticos peruanos especulan que se trata de Keiko Fujimori, pero ella ha negado haber participado en tal encuentro.

"Dejo claro que desconozco tal coordinación y que No Existió Reunión", escribió Keiko en Twitter.

El presidente Vizcarra constituirá la comisión este jueves hacia las 17H00 locales (22H00 GMT) en el palacio de gobierno.

El mandatario ya había pedido el lunes al Congreso que destituya a los magistrados involucrados, tras ser él mismo mencionado en un diálogo comprometedor, aunque negó conocer a esas personas.

Cientos de peruanos marcharon el miércoles en la noche en una bulliciosa protesta contra la corrupción, mientras los principales gremios empresariales han advertido que la corrupción en el poder judicial puede frenar la inversión extranjera en el país.

"Nadie viene a invertir a países donde el poder judicial no es creíble", declaró el líder de la organización cupular de la empresa privada peruana (Confiep), Roque Benavides.

Este escándalo es un "déjà vu" de la historia peruana reciente, pues la difusión de audios o videos grabados subrepticiamente provocaron la caída del presidente Alberto Fujimori en 2000, la renuncia de Kuczynski en marzo y la suspensión hace un mes del popular legislador Kenji Fujimori (hijo del exgobernante).

Además, las denuncias de corrupción no son algo nuevo en Perú, pues la fiscalía indaga supuestos pagos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

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