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Mafia Mexicana actúa a sus anchas en cárceles de Los Ángeles

Las cárceles del condado de Los Ángeles son administradas por el sheriff, pero detrás de las rejas el poder lo tiene la Mafia Mexicana.

Se trata de una organización que incluye a los líderes de varias pandillas hispanas que funciona como un gobierno ilegal, recaudando “impuestos” sobre las drogas que ingresan clandestinamente, ordenando represalias contra los reos que no acatan sus reglas e incluso manejando las operaciones afuera de la cárcel, según los fiscales.

Su poder disminuyó cuando 83 pandilleros fueron acusados de asociación delictiva con venta de drogas, extorsión, agresiones violentas y asesinatos.

“Asestamos un golpe a una despiadada banda de las prisiones y sus aliados”, dijo el procurador Nick Hanna al anunciar los procesos el miércoles.

Los sospechosos serán alojados de ahora en adelante en prisiones federales para dificultar sus comunicaciones, indicaron las autoridades.

El sheriff Jim McDonnell admitió que seguramente surgirán “nuevos líderes” adentro de las prisiones, como siempre ocurre. “Así funciona el sistema. Respetan las jerarquías”, señaló. “Cuando uno va a la cárcel o muere, alguien ocupa su lugar, igual que en cualquier organización con varios niveles administrativos”.

La así llamada “banda de bandas” --una organización de pandilleros presos que controlan las operaciones adentro y afuera de las cárceles en California-- comenzó a funcionar en la década de 1950 en un centro de detención juvenil y creció hasta llegar a ser una organización delictiva internacional que controla el contrabando, la venta de drogas y las extorsiones adentro del sistema carcelario más grande del país.

“Estos miembros de la Mafia Mexicana y sus aliados trabajan conjuntamente para controlar las actividades delictivas adentro (de las cárceles de Los Ángeles) y han creado una nueva entidad o empresa que funciona efectivamente como un gobierno ilegal”, dijeron los fiscales en su presentación.

La banda controlaba las actividades afuera de las cárceles a través de esposas, novias y abogados, que pasaban las órdenes a los pandilleros que no estaban encarcelados, según los fiscales.

En algunos casos, los pandilleros se hacían detener a propósito por delitos menores para poder ingresar drogas a los penales y ser excarcelados a los pocos días.

Otras organizaciones que funcionan adentro de las cárceles debían darle un tercio de su contrabando a la conducción de la Mafia Mexicana.

Las autoridades que investigaron ese “impuesto” radicaron cargos contra 32 personas el miércoles, que se sumaron a otras 35 que ya habían sido imputadas. Hay 16 bajo sospecha que están fugitivas.

La banda recibía incluso un porcentaje de las ventas de golosinas, desodorantes y otros artículos en la tienda de la prisión, de acuerdo con los fiscales, que dicen que los pandilleros amenazaban o tomaban violentas represalias contra las personas que no acataban sus reglas.

Los pandilleros fueron acusados de cometer violentas golpizas, de apuñalar gente, de secuestros y asesinatos, indicó Hanna.

Los fiscales dicen que los cargos abarcan delitos cometidos entre el 2012 y el 2016, en que se formó un jurado investigador, antes de que Donald Trump fuese elegido presidente.

Trump le declaró la guerra a las pandillas, en particular a la MS-13, y sostiene que las brutalidad de estas bandas son una razón de más para fijar políticas inmigratorias más duras.

La MS-13 está aliada con la Mafia Mexicana.

La acusación dice que José Landa Rodríguez y dos figuras de la Mafia Mexicana muertas controlaron las operaciones en la cárcel del 2012 al 2016.

Landa Rodríguez, de 55 años, es acusado de disponer asesinatos, agresiones y secuestros, y de planificar la matanza de un pariente de un pandillero que lo desafió, según los fiscales.

Landa Rodríguez no es ciudadano estadounidense, pero la mayoría de los otros imputados sí, de acuerdo con Hanna.

Su segundo, Luis Vega, de 33 años, ordenó un asesinato y dirigió golpizas de reos que le faltaban el respeto o que no obedecían las órdenes de la “banda de bandas”, dice la acusación.

Entre los encausados figura un abogado, Gabriel Zendejas Chávez, acusado de transmitir mensajes aprovechando el hecho de que sus conversaciones con sus clientes son confidenciales. Se lo acusa de facilitar un complot para cobrar 100.000 dólares en extorsiones a la pandilla de motociclistas Los Mongoles (Mongols).

Zendejas Chávez fue detenido el miércoles. Una mujer que atendió el teléfono en su oficina no estaba al tanto del arresto y no hizo comentarios.

FUENTE: AP