Consulta sobre Constitución, ventana a las opiniones en Cuba

Reinaldo González, Hilario Brache y Vilma de la Rosa no se conocen ni se pusieron de acuerdo, pero solicitaron que el proyecto de Constitución de Cuba se modifique para permitir la elección por voto popular directo del presidente y los gobernadores.

Brache además coincidió con Celio Curbelo en que la nueva Carta Magna no debería permitir el matrimonio gay, mientras que Yanet Mazorra y Carolina Rodríguez demandaron que a los cubanos se les deje invertir como a los extranjeros.

Ninguno está relacionado ni son vecinos, pero como ellos, personas de todo el país participan este mes de asambleas para evaluar y proponer cambios al proyecto de Constitución.

En un país sin encuestas de opinión, partidos políticos, campañas o medios de comunicación que no sean oficiales, estas reuniones permiten conocer los criterios que los cubanos tienen sobre temas variados y posibilitan que surjan propuestas ciudadanas que difieren --incluso entre sus simpatizantes-- de las del gobierno, que suele insistir ante la necesidad de mostrar unidad ante el exterior.

Un recorrido de la AP por estos encuentros reveló las cuestiones que conciernen al proyecto en lo político, económico y social.

“El presidente del país tiene que ser elegido por votación directa de la población... entre varios candidatos”, dijo por ejemplo Reinaldo González frente a una bandera cubana en el capitalino barrio del Vedado. “No tiene que habar multipartidismo, pero que sea por elección directa”.

Esta opinión es contraria a las normas electorales actuales, por las cuales el presidente es elegido por la Asamblea del Poder Popular, es decir, el Parlamento, que a su vez está compuesto por delegados propuestos por una comisión de candidatura que aunque agrupa a diferentes organismos de masas --sindicatos, femeniles o de vecinos-- mantienen su afinidad con el gobierno.

“Fidel hubo uno solo”, exclamó por su parte Onelio Nelsón García en otro encuentro realizado en el municipio Playa, y para quien se debe impedir mediante una elección directa que el poder caiga en manos de “sátrapas o demagogos” que se eternicen en el cargo.

Otro día, la joven De la Rosa aseguró que le preocupa que en la nueva Carta Magna el Partido Comunista de Cuba (PCC), tal como está planteado en el proyecto, sea más importante que el propio Parlamento.

A su vez, otros pidieron que se elimine la limitación de mandatos a dos años para altos cargos públicos --propuesto por Raúl Castro-- y se permita ocuparlos sin restricciones de edad.

Los temas sociales también preocupan. “La naturaleza” impone que el matrimonio sea “entre un hombre y una mujer”, dijo de su lado Brache, quien se calificó como un simpatizante de la revolución. Este criterio lo comparten varias iglesias --incluyendo la católica-- que rechazaron modificar las normas actuales según las cuales sólo se admite el matrimonio heterosexual e iniciaron campañas como la entrega callejera de panfletos bajo la consigna de familia “diseño original”, algo novedoso en Cuba.

Cambios en la ortografía del proyecto, propuestas para que las leyes sean consultadas antes de emitirse, peticiones para garantizar salarios que alcancen y cuestionamientos ante la posibilidad de que se cobre la educación superior --como lo plantearon algunos funcionarios en el Parlamento-- forman parte de las consideraciones expresadas.

“El que siga ese proceso se da cuenta de cuánto en el exterior se subestima el nivel de debate y la capacidad de retroalimentación que éste genera para el sistema político cubano”, expresó a la AP el analista político y economista cubano Arturo López-Levy, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Gustavus Adolphus de Minnessota en Estados Unidos.

“Esa es una zona de legitimidad que el sistema usa al margen del elemento electoral, quizá hasta más importante que una elección que como sabemos es de baja competitividad, sobre todo a nivel de asamblea nacional”, agregó en referencia a que sólo existe un candidato por cada cargo disponible para el Parlamento, es decir, no hay variedad.

Las reuniones para analizar el proyecto de Constitución se realizan en salones o parques y muchos de los ciudadanos participantes cargan los boletines impresos que enlistan 224 artículos de la futura Carta Magna. Tras entonar el himno nacional, las personas realizan sus propuestas mientras un secretario toma notas en un acta para trasladarla a la comisión redactora de la ley de leyes, que será reformulada y votada por la población el 24 de febrero.

Algunos participantes dan nombre y apellido; otros no. Algunos detallan su profesión y edad, otros solo proponen sus posiciones en la medida en que se mencionan los artículos de su interés y unos más asisten pero no hablan. En casi todos los casos se les solicitó al comienzo que no debatieran entre sí, pero eventualmente se volvió imposible contener las comparecencias largas o las réplicas.

El proceso comenzó en abril pasado cuando junto con su salida el expresidente Raúl Castro --quien dejó en el poder a Miguel Díaz-Canel-- anunció que una Comisión parlamentaria se encargaría de elaborar una Carta Magna para modificar radicalmente la vigente.

En julio, el Parlamento aprobó el proyecto que ahora se consulta con la población antes de volver al él y que la gente pueda votar en 2019.

Muchos cubanos creen que la reforma está destinada a cimentar el sistema actual antes de la muerte y el retiro definitivo de la llamada generación histórica de los combatientes revolucionarios que acompañaron a Fidel Castro e hicieron la revolución.

Aprobada en 1976, la Constitución actual tiene el sesgo de su tiempo, cuando Cuba era parte de la alianza comunista encabezada por la Unión Soviética y la revolución atravesaba su mejor momento económico. Sin embargo, las propias autoridades reconocieron que esa norma quedó rebasada por las reformas iniciadas por el expresidente Raúl Castro en esta década, quien por ejemplo permitió la iniciativa privada o la contratación de empleados por parte de particulares.

El proyecto nuevo contempla el reconocimiento de la propiedad privada y deposita en varias figuras el poder del Estado --un presidente, un vicepresidente, un primer ministro y gobernadores provinciales--, aunque mantiene como único al PCC. Además, ya no habla de la construcción de la sociedad comunista sino de un “Estado socialista de derecho”, diversifica los actores económicos y sociales como los pequeños emprendedores y establece la no discriminación de la identidad sexual, pero mantiene los medios de prensa bajo la propiedad estatal y la regulación de la concentración de la riqueza.

En la prensa local y en varias reuniones hubo énfasis en lo relacionado con la obligatoriedad del trabajo, las limitaciones a la acumulación de fortunas y la disputa sobre el artículo que permitiría flexibilizar las normas del matrimonio. Muchos se preguntaron por qué estos y no otros temas acapararon titulares en una sociedad que tiene problemas económicos y sociales más acuciantes.

“Es un tema que está teniendo la repercusión lógica en una sociedad desentrenada en el debate”, dijo a la AP el abogado constitucionalista Julio Fernández Estrada. “Es un tema propicio porque todo el mundo queda bien. Los homófobos siguen siéndolo y los defensores de este artículo consideran que este es una modernización de la sociedad cubana”.

Otro aspecto que preocupa a expertos como Fernández es la manera en la que se incorporarán las propuestas populares y la cabida que realmente les dará la comisión redactora de la nueva Constitución.

“La consulta como quiera que sea es positiva, demuestra que el pueblo cubano tiene conocimiento y sabe lo que quiere. Algunos se quedan callados, otros participan”, comentó el jurista. “Pero ha señalado que la mayoría se interesa, que se leen el proyecto y tienen cosas que decir importantes para su país”


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