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Cientos de peruanos marcharon contra la corrupción y en defensa de la democracia

Centenares de peruanos se manifestaron el miércoles en Lima contra la impunidad en los casos de corrupción y frente a las denuncias constitucionales que tramita el Congreso, dominado por el partido fujimorista Fuerza Popular, contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y el Tribunal Constitucional.

La movilización se realizó a iniciativa de organismos defensores de los derechos humanos, colectivos sociales, gremios sindicales y partidos políticos como los izquierdistas Frente Amplio y Nuevo Perú.

Bajo el lema "contra el golpe y la corrupción", los manifestantes se concentraron en la Plaza San Martín y recorrieron las principales calles y avenidas del centro de Lima para demostrar su indignación contra la clase política que gobierna el país desde las últimas tres décadas.

Entre los participantes estuvo la líder del Nuevo Perú, Verónika Mendoza, que en las elecciones presidenciales del año pasado fue la tercera candidata más votada.

Durante la marcha se reclamó celeridad en las investigaciones del caso Odebrecht, compañía brasileña que admitió haber pagado millonarios sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014 a cambio de adjudicarse importantes obras públicas.

Ese período abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), con orden de captura por supuestamente recibir un soborno de 20 millones de dólares; Alan García (2006-2011), implicado en el proceso por las dádivas entregadas para el Metro de Lima; y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por supuesta financiación irregular de sus campañas.

El caso Odebrecht también implica a varios gobiernos regionales como los del Cuzco y el Callao, además de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, quien supuestamente financió con fondos de las brasileñas Odebrecht y OAS la campaña contra el referéndum organizado para censurarla.

La manifestación también se dirigió contra lo que sus participantes consideran un intento de "golpe de Estado" por parte del fujimorismo, con sendas denuncias constitucionales que tramita en el Congreso contra el Fiscal de la Nación y cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.

La denuncia contra Sánchez es por supuestamente haber encubierto a las empresas peruanas que participaron en consorcio con Odebrecht en las licitaciones que la empresa ganó mediante sobornos.

En el caso del Tribunal Constitucional, la denuncia va contra el cómputo de votos de una sentencia de 2013 sobre el caso El Frontón, que determina no está habilitado para decidir si son crímenes de lesa humanidad las presuntas ejecuciones extrajudiciales de la Armada peruana a presos condenados por terrorismo que se habían rendido tras un motín en 1986.

FUENTE: EFE

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