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AI y organizaciones salvadoreñas pedirán al Congreso despenalizar el aborto

Amnistía Internacional (AI) junto a organizaciones salvadoreñas de derechos humanos entregarán hoy a la Asamblea Legislativa un documento que contiene 209.051 firmas de personas de 57 países que piden una reforma legal para despenalizar el aborto en determinadas circunstancias en esa nación.

"El Gobierno salvadoreño debe poner fin a la cruel política de penalización que viola los derechos de las mujeres y de las niñas; pone su salud y sus vidas en peligro y las castiga con el encarcelamiento por sufrir traumáticas complicaciones relacionadas con el embarazo", manifestó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, en un comunicado.

En la petición, cuya entrega está prevista para 14.30 hora local (20.00 GMT), se solicita la inserción del artículo 133-A en el Código Penal de El Salvador para despenalizar el aborto en los casos de violación, de abuso sexual contra una menor de edad, cuando la salud o la vida de la embarazada corra peligro o en casos de malformación letal del feto.

Las firmas fueron recogidas por Amnistía Internacional, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, y varias organizaciones locales que hacen campaña en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en El Salvador, apuntó AI.

Agregó que El Salvador es uno de los pocos países del mundo en los que el aborto está prohibido en todas las circunstancias y donde las mujeres que sufren complicaciones del embarazo, que provocan abortos espontáneos o emergencias obstétricas, son sistemáticamente sospechosas de haber cometido un aborto y, a menudo, son acusadas de homicidio agravado.

El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta son los únicos países del mundo que mantienen una prohibición absoluta del aborto.

En octubre de 2016, el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) propuso al Congreso la despenalización del aborto en los casos en que exista violación, riesgo de muerte de la madre o inviabilidad fetal, mientras la oposición ha pedido incrementar las penas hasta los 50 años de prisión.

El pasado 5 de febrero, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Agnes Callamard, instó a El Salvador a declarar una "moratoria" para la aplicación de la prohibición del aborto, que a su juicio genera muertes arbitrarias atribuibles al Estado.

FUENTE: EFE