Diputados envían a consulta de Sala Constitucional plan fiscal de Costa Rica

Un grupo de 14 diputados de partidos opositores de Costa Rica enviaron hoy a consulta de la Sala Constitucional la polémica reforma fiscal aprobada en primer debate por el Congreso el pasado 5 de octubre.

La Sala tiene un plazo de 30 días hábiles para responder la consulta de los diputados, y de esa resolución dependerá que los legisladores puedan efectuar la segunda y definitiva votación.

La Sala Constitucional confirmó que este viernes "recibió una consulta de constitucionalidad facultativa sobre el expediente legislativo", y agregó que seguirá "con el procedimiento establecido para la tramitación de dicha consulta".

Entre los puntos que los legisladores cuestionan en la consulta destaca el uno por ciento de impuesto al valor agregado (IVA) a productos de la canasta básica, pues consideran que atenta contra la justicia tributaria al afectar a las personas con menores ingresos.

También señalan asuntos relacionados a modificaciones tributarias y presupuestarias que consideran afectan la inversión en educación y en la niñez.

Otro punto cuestionado por los legisladores es una amnistía tributaria que contiene la reforma fiscal para el perdón de una parte de intereses a los morosos, que según el Gobierno pretende incentivar a los contribuyentes para que paguen las deudas.

"Presentamos la consulta porque queremos buscar el rostro humano a este proyecto. Estamos convencidos de que este proyecto violenta el principio constitucional de justicia tributaria", dijo en un comunicado el diputado del Partido Restauración Nacional (PRN, evangélico), Eduardo Cruickshank.

La reforma fiscal convierte el impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa, pero gravará los servicios.

También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir o contener el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales y una regla fiscal.

Los sindicatos comenzaron el pasado 10 de septiembre una huelga en rechazo a esta reforma tributaria, pues consideran que golpeará más a las clases medias y bajas. El movimiento perdió fuerza y en la actualidad el 98 % de los huelguistas corresponde a trabajadores del sector educación.

La Corte Suprema de Justicia emitió el pasado martes su respuesta a un proceso de consulta de la reforma a varias instituciones y determinó que el proyecto afecta su independencia y funcionamiento debido a que incluye artículos que tocan salarios y presupuestos del Poder Judicial.

Tras este criterio, para que la reforma sea aprobada en segundo debate necesitará mayoría calificada (38 votos de los 57 diputados que integran el Legislativo). El primer debate tuvo el apoyo de 35.

Por su parte, el Banco Central emitió el jueves un criterio favorable a la reforma fiscal y consideró el proyecto como urgente ante "el grave desequilibrio de las finanzas públicas".

Los datos del Banco Central indican que sin ajustes fiscales el déficit financiero podría alcanzar un 7,2 % del producto interno bruto (PIB) en 2018 y un 7,5 % en 2019, mientras que la deuda alcanzaría un 53,8 y un 58 % del PIB en esos años.

Según la entidad, el plan tributario reduciría el déficit en 3,7 puntos del PIB al año 2022 y la deuda alcanzaría su punto máximo hacia el año 2023 en alrededor del 65 por ciento del PIB.

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